José Castellanos MaldonadoToda la problemática que se presentó en el Congreso local en relación a la aprobación de las leyes secundarias de la reforma político electoral a fin de homologarla con la normativa federal, evidenció, una vez más, que a los legisladores se les dificulta ponerse de acuerdo cuando cada fracción antepone el interés partidista a cualquier otra consideración, aunque en los hechos no lo acepten.

Pero, como se dice por ahí, lo que se ve no se juzga, y para corroborar lo anterior basta recordar que cuando se trata de incrementarse el sueldo, otorgarse bonos o decretar recesos, los diputados logran ponerse de acuerdo de manera rápida y unánime, pues son asuntos de indiscutible interés personal.

Es obvio pensar que en muchos de los asuntos que se tratan en el Congreso local puedan existir diferentes puntos de vista o diversos criterios; lo deseable, a fin de cuentas, sería que se lograran consensos al margen de intereses personales, de grupo o de partido, algo que parece un sueño irrealizable.

En lo que respecta a uno de los puntos más controvertibles al momento de buscar un acuerdo en este asunto de la reforma político electoral, lo idal sería que se eliminaran totalmente los llamados Regidores, Diputados y Senadores de partido o de representación proporcional, y que sólo llegaran a ocupar dichos cargos quienes obtuvieran la mayoría de votos en la elección que corresponda.

Al reducirse el número de miembros en cada una de estas instancias, tal vez sería más fácil que lograran ponerse de acuerdo, y, sobre todo, de esa manera se lograría un importante ahorro en el erario, cuyo monto podría ser destinado a algo más útil y benéfico para la sociedad en general.



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